Vandenbroele amenaza con “arrepentirse” y pide protección

Alejandro Vandenbroele -sindicado como el presunto testaferro del exvicepresidente Amado Boudou- envió todas las señales sobre su intención de convertirse en un “arrepentido” en el marco de las causas penales en las que está involucrado junto al exfuncionario. Por un lado, acudió, solo, a los tribunales federales de Comodoro Py ayer por la tarde y mantuvo una reunión con el fiscal que lo investiga, Jorge Di Lello. Allí, pidió conocer el detalle de las imputaciones en su contra en los diversos expedientes y la fiscalía dispuso que un defensor oficial le fuera asignado inmediatamente para cumplir con las garantías de defensa, en caso de que el titular de The Old Fund decidiera iniciar una declaración espontánea. En paralelo, el acusado inició los trámites ante el Ministerio de Justicia para acogerse al programa de testigos protegidos e imputados colaborativos, condición que provisoriamente le otorgó la cartera que conduce Germán Garavano.

Minutos después de las 14, Vandenbroele ingresó a Comodoro Py y se trasladó al quinto piso donde está el despacho del fiscal Di Lello, bajo cuya órbita también se encuentran las investigaciones por enriquecimiento ilícito, la renegociación de la deuda de Formosa (primera vez donde intervino la misteriosa figura de The Old Fund) y un segundo tramo de la causa Ciccone, que involucra el financiamiento que se recibió para levantar la quiebra de la imprenta de valores y su posterior puesta en marcha. Sobre estos dos últimos expedientes es donde se centra la expectativa por lo que pueda llegar a decir el abogado que por ahora- amaga con un testimonio clave. El amigo del exvice, el detenido empresario José María Núñez Carmona sugirió que “escupiría para arriba”, en relación a financistas y a exfuncionarios de Formosa, relacionados a la operación de refinanciación de su deuda con el Estado Nacional por la que su empresa cobró una jugosa comisión el 20 de mayo de 2010 con la factura A003, inaugural de su talonario porque las otras dos estaban anuladas. Por esa operación percibió $7.823.531,94 por tarea de consultoría. Se investiga si existió algún tipo de “retorno” por esas tareas a funcionarios dependientes de Gildo Insfrán. Por lo pronto, ese episodio fue incluido como antecedente en el procesamiento dictado en su momento contra Boudou por la supuesta adquisición de Ciccone, a cambio de favorecerla con un mejoramiento en su delicada situación ante la AFIP.

Al cierre de esta edición, según pudo saber Ámbito Financiero tampoco había sido dispuesto su ingreso formal al Programa de Testigos Protegidos e Imputados Colaborativos, como sería el caso de Vandenbroele. Sin embargo, se iniciaron las tratativas para una evaluación de riesgo para determinar si cumple los requisitos para ingresar en el programa dependiente del Ministerio de Justcia. Adicionalmente, se adoptaron medidas preventivas de refuerzo de su custodia a la espera de que ingrese un oficio firmado por el juez Ariel Lijo para facilitar el trámite. Se descarta que en las próximas horas, el proceso formal siga su cauce y se acepte su ingreso.

Sin embargo, si su intención es acogerse a la denominada Ley del Arrepentido N°27.304, serán las autoridades judiciales las encargadas de valorar la información que pueda aportar. Hasta anoche no había declarado, sino que ante Di Lello solo pidió conocer en detalle la cantidad de imputaciones en su contra y las pruebas existentes en las diversas causas. Fuentes judiciales consideraron que hasta que esa declaración no se haga efectiva, el sugestivo movimiento de Vandenbroele solo constituye (hasta ahora) un mensaje con destinatarios múltiples. En tribunales aguardaban definiciones sobre un testimonio concreto al final de esta semana.

Eventualmente, si su testimonio es valioso y es “eficaz” en términos judiciales, lo que significa que puede ser corroborado con pruebas, accederá al beneficio estipulado por la ley. Sería Vandenbroele quien estrene esta normativa que reduce en un tercio la pena prevista en caso de una condena. Esto siempre y cuando el fiscal, que tiene la carga de la acción penal, lo considere válido y de utilidad.

Tras haber revocado los poderes a todos sus abogados privados, el imputado solo delegó su representación en defensores oficiales. Ellos fueron los que cursaron el pedido a la cartera de Justicia. También hoy se reavivará el interés con una nueva audicencia en el juicio oral por Ciccone. No solo estará Vandenbroele, sino que Boudou pidió su traslado desde el penal de Ezeiza para presenciar la declaración de José Capdevila, exjefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, quien declaró sobre la participación que tuvo esa cartera en relación a si correspondía levantar o no la quiebra que pesaba sobre Ciccone Calcográfica. Inicialmente su dictamen había sido presentado como prueba de descargo, y luego, el mismo testimonio fue valorado de forma inversa por el juez Ariel Lijo.

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