Mura presentó Presupuesto de contingencia

Por la quita de la Coparticipación y demás medidas tomadas por la Nación, el Gobierno porteño presentó un presupuesto de contingencia de poco más de 587.000 millones de pesos, con fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias.

Ingresó en la Legislatura porteña el proyecto de Presupuesto para el año que viene. Debido a la decisión del Gobierno nacional de reducir los ingresos en concepto de Coparticipación que recibe la Ciudad, la propuesta prevé un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias.

Se sostienen las partidas destinadas a las áreas esenciales como Educación, Salud y Desarrollo Social, así como también lo destinado a Seguridad; Educación sigue teniendo la partida más importante del presupuesto e incrementa su participación en el total; los ajustes obligan al rediseño del Plan de Gobierno y de las medidas ya planificadas para el 2021; se suspenden, ralentizan o postergan obras, planes y proyectos; se pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público; se revisan los grandes contratos y servicios que brinda la Ciudad; y se eliminan exenciones impositivas a operaciones financieras, entre otras medidas.

Según explican desde la Ciudad “se trata de un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias ya que, si no hay un fallo favorable en la Corte y/o si se avanza con el proyecto de ley en el Congreso, se deberán realizar nuevos ajustes de impacto”.

La quita por decreto -de manera improvisada, intempestiva e inconsulta- del 1,18% de coparticipación viola todos los principios del federalismo y provoca un enorme perjuicio a las finanzas y a la autonomía presupuestaria.

Para este año significará que la Ciudad dejará de percibir más de 13.000 millones de pesos. Y en el próximo alcanzaría los 52.000 millones de pesos. A un ritmo de 150 millones de pesos menos por día, desde el 10 de septiembre a la fecha, la Ciudad dejó de percibir 8.400 millones de pesos.

Estas acciones afectaron también al plan y planificación del Gobierno, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes por la pandemia. Todo se debió reformular ya que afectó tanto el desarrollo del actual presupuesto como el cálculo de gastos y de recursos estimado para 2021.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el impacto para las finanzas de la Ciudad sería aún peor: significarían otros 13.000 millones de pesos menos, es decir 65.000 millones de pesos en total para el año próximo. También en este caso obligará a nuevas medidas complementarias de ajuste.

A este complejo escenario se suma que el Gobierno nacional le está proponiendo a las provincias firmar un nuevo Consenso Fiscal. De no mediar modificaciones en las cláusulas propuestas, para la ciudad de Buenos Aires sería imposible dar su consentimiento ya que resulta un avasallamiento hacia las autonomías provinciales.

En medio de la incertidumbre política y económica, y mientras la Justicia no se expida sobre la inconstitucionalidad del decreto, el Gobierno de la Ciudad se ve forzado a implementar un Programa de Ajuste Transitorio, en el marco de este presupuesto de contingencia.

En lo respecta a la reducción del Gasto Público, entre las obras de infraestructura y proyectos que iban a llevarse a cabo durante el próximo año y que, como consecuencia de la quita de la Coparticipación, no se podrán llevar adelante o se ralentizarán están la adquisición de equipamiento policial (8.388 cámaras, 731 patrulleros y 200 motos); más de 20 obras para el subte; construcción de 95 km de ciclovías; traslado de la Cárcel de Devoto; traslado del Mercado de Hacienda; 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico; puesta en valor del Teatro Alvear; desarrollo del Distrito Joven; y parque de la Innovación.

Las acciones tendientes a reducir el gasto público también implicarán una baja en el nivel de prestación de servicios que la Ciudad brinda día a día a los vecinos y a quienes la transitan.

En este camino de reducir el gasto, junto al proyecto de ley de Presupuesto se incluye la necesidad de revisar los contratos vigentes, tal cual fuera aprobado por la Ley de Emergencia Económica y Financiera, la cual se prorrogará en algunos de sus artículos por un año más.

La revisión de las condiciones generará una pérdida de calidad en los servicios y afectará, entre otros, a la recolección de residuos y al CEAMSE; el mantenimiento hospitalario; los mantenimientos del espacio público y de los espacios verdes; y el servicio de vigilancia privada.

En tanto, se reducirá el gasto en alquiler de oficinas, en el mantenimiento de edificios gubernamentales y en el pago de servicios como luz, agua y gas. Al mismo tiempo, se fomentará el trabajo remoto.

Este recorte presupuestario además afectará parcialmente las negociaciones paritarias, que deberán acoplarse a la situación financiera de la Ciudad. Apostando siempre al diálogo con los sectores gremiales se buscará contemplar el poder adquisitivo de los trabajadores en especial los salarios más bajos. En el marco de la crisis sanitaria producto de la pandemia y con una caída récord de la recaudación, durante este año ningún empleado público de la Ciudad sufrió reducciones salariales.

Estas acciones le permitirán a la Ciudad alcanzar una drástica reducción del gasto del orden de los 32.300 millones de pesos durante 2021. Estos ajustes se complementarán con medidas desde el lado de los recursos, a través de la implementación de tres modificaciones impositivas, las cuales serán eliminadas en el caso de que los ingresos por Coparticipación vuelvan a la situación previa al 9 de septiembre de manera definitiva.

Por un lado, se planteará a la Legislatura la eliminación de la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y a las operaciones de pases. Estas dos medidas –que ya se están implementando en otras provincias- impactan en el sector financiero de la Ciudad, que fue uno de los sectores menos afectados por la pandemia.

Por otra parte, se aplicará el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito, medida que también ya llevan adelante provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego.

Con estas tres medidas se estima recaudar 10.608 millones de pesos (IIBB – LELIQs), 1.392 millones de pesos (IIBB – Operaciones de Pases) y 7.700 millones de pesos (Sellos – Tarjetas de crédito). Así se prevé una recaudación de 19.700 millones de pesos para el próximo año. De esta manera, junto a los 32.300 millones estimados por la reducción del gasto, la Ciudad buscará compensar los 52.000 millones que no recibiría en caso de seguir vigente el Decreto N° 735/20.

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