Legislatura: proyecto para aliviar a PyMEs digitales

Se presentó en la Legislatura porteña un proyecto para solicitar al Gobierno nacional que considere excluir a los emprendedores y emprendimientos del pago del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria y del Impuesto a las Ganancias cuando se trate de servicios digitales.

La iniciativa es impulsada por Hernán Reyes y los diputados de la Coalición Cívica ARI y propone que la Legislatura porteña declare que “vería con agrado que el Gobierno nacional considere excluir a los emprendedores y emprendimientos conforme la definición del Artículo 2 de la Ley Nacional N° 27.349 y a las personas humanas y jurídicas registradas en el Registro Nacional PyME o que, no estando inscripta en el Registro, cumplan con los requisitos de facturación anual y cantidad de empleados conforme el Artículo 2 de la Ley Nacional N° 24.467 y su reglamentación, del pago del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria creado por la Ley Nacional N° 27.541 y su Decreto Nacional N° 99/2019 reglamentario, y del régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias consecuente establecido en la Resolución General 4815/2020 de la AFIP, cuando las operaciones comprendidas en el artículo 35 de la Ley N° 27.541 constituyan servicios incluidos en el inciso m) del apartado 21 del inciso e) del artículo 3° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones”.

En los fundamentos Reyes afirmó: “Los servicios digitales son una herramienta necesaria para las empresas, así como también una fuente de innovación. Las distintas aplicaciones y formas de aprovecharlos que puedan realizarse de ellos o a partir de ellos son una de las incógnitas más emocionantes y con mayor potencial de generar cambios en las vidas de las personas en la historia, por lo que imponer trabas en este sector es, en definitiva, darle la espalda al progreso. Al contrario, deberíamos favorecer e incentivar el uso de servicios digitales que permitan desarrollar al máximo las capacidades de nuestro país”.

Y añadió: “Encarecer estos costos sin distinción ni alivio para las empresas más pequeñas es una medida regresiva que impacta en toda la economía. Sin embargo, pensar la regresividad de este impuesto sólo desde este punto de vista, sería entenderlo de manera incompleta. Los servicios digitales constituyen, por encima de todo, el mayor puente de información en todo el mundo, convirtiéndose así en la herramienta con mayor capacidad de igualación de oportunidades jamás creada. Asegurar el libre acceso y uso de ella se vuelve así un acto de justicia social que permite a todas las personas y empresas, sin importar sus niveles de ingresos, a acceder a las mismas fuentes de conocimiento conectadas entre sí. En el mundo moderno, el acceso a los servicios digitales constituye un derecho que debemos garantizar y asegurar para todos los individuos y para todas las empresas”.

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